En una importante medida legislativa destinada a combatir el acoso y la explotación en línea, el Gobierno federal ha promulgado la "Ley de herramientas para hacer frente a la explotación conocida mediante la inmovilización de falsificaciones tecnológicas en sitios web y redes", ampliamente conocida como la Ley TAKE IT DOWN. Esta nueva ley crea delitos penales federales destinados a reprimir a las personas que comparten a sabiendas representaciones visuales íntimas no consentidas, incluidas las manipulaciones digitales realistas conocidas como "deepfakes".
La ley modifica específicamente el artículo 223 de la Ley de Comunicaciones de 1934, ampliando la jurisdicción penal federal a la publicación en línea de imágenes visuales íntimas compartidas sin consentimiento. En virtud de las nuevas disposiciones, los fiscales pueden presentar cargos contra personas que utilicen plataformas en línea o servicios informáticos interactivos, como redes sociales o sitios web, para distribuir imágenes explícitas sin permiso.
Delitos relacionados con imágenes auténticas
La ley ilegaliza la publicación a sabiendas de imágenes visuales íntimas en línea de adultos en determinadas condiciones: la persona representada debe haber tenido una expectativa razonable de privacidad, la imagen no debe haber sido divulgada voluntariamente de forma pública o comercial, y la imagen no debe representar un asunto de interés público. Y lo que es más importante, la publicación debe tener la intención de causar daño o provocar realmente un daño psicológico, financiero o de reputación.
Para los delitos que afectan a menores, definidos como individuos de menos de 18 años, la ley impone criterios más estrictos y penas más duras. Tipifica como delito la publicación destinada a abusar, humillar, acosar, degradar o gratificar sexualmente.
Rangos de sanciones en virtud de la Ley TAKE IT DOWN
Tipo de infracción | Víctimas adultas (mayores de 18 años) | Víctimas menores de edad (menores de 18 años) |
---|---|---|
Publicación de imágenes auténticas | Hasta 2 años de prisión, multas | Hasta 3 años de prisión, multas |
Publicación de falsificaciones digitales (Deepfakes) | Hasta 2 años de prisión, multas | Hasta 3 años de prisión, multas |
Amenazas de publicación de imágenes auténticas | Hasta 2 años de prisión, multas | Hasta 3 años de prisión, multas |
Amenazas de publicación de falsificaciones digitales (Deepfakes) | Hasta 18 meses de prisión, multas | Hasta 30 meses de prisión, multas |
Delitos de falsificación digital (Deepfake)
Reconociendo la creciente amenaza que suponen las manipulaciones tecnológicas cada vez más sofisticadas conocidas como "deepfakes", la Ley TAKE IT DOWN tipifica explícitamente como delito la publicación de imágenes íntimas falsificadas digitalmente. Estas imágenes se crean a menudo mediante inteligencia artificial u otras tecnologías digitales para imitar de forma realista la apariencia de una persona en escenarios explícitos.
Para procesar a los individuos por publicar estas falsificaciones, la ley exige condiciones similares a las de las imágenes auténticas: la falsificación digital debe publicarse sin el consentimiento del individuo, no debe representar un contenido divulgado pública o comercialmente y no debe ser un asunto de interés público. Al igual que en el caso de las imágenes auténticas, el enjuiciamiento requiere pruebas de que la publicación pretendía causar daño o causó realmente un daño sustancial.
Criminalizar las amenazas
La ley también se centra en las amenazas de publicar imágenes íntimas no consentidas, penalizando explícitamente las amenazas utilizadas para intimidar, coaccionar, extorsionar o infligir angustia mental.
Aplicación rigurosa y sanciones adicionales
Para reforzar aún más la aplicación de la ley, la Ley TAKE IT DOWN autoriza a los tribunales a ordenar el decomiso de los bienes directamente relacionados con estos delitos, incluidos el material y los beneficios de la actividad ilegal. Además, los tribunales pueden ordenar la restitución para compensar a las víctimas por los daños financieros y emocionales causados por el delito.
La ley aclara importantes distinciones jurídicas, sobre todo que el consentimiento para crear o compartir en privado imágenes íntimas no implica el consentimiento para una publicación más amplia.
Excepciones para actividades lícitas
La Ley TAKE IT DOWN reconoce varias excepciones importantes, como las revelaciones realizadas de buena fe a las fuerzas de seguridad, con fines médicos o educativos legítimos, o por particulares que publican sus propias imágenes. Es importante señalar que también excluye las actividades legítimas de investigación o protección llevadas a cabo por las fuerzas del orden y los servicios de inteligencia.
Responsabilidad de la plataforma
Además de penalizar las conductas indebidas individuales, la Ley TAKE IT DOWN impone responsabilidades civiles a las plataformas en línea que albergan contenidos generados por los usuarios. Estas plataformas deben aplicar procedimientos claros para eliminar rápidamente las representaciones íntimas no consentidas a petición válida de las víctimas, con plazos de eliminación obligatorios de 48 horas.
El incumplimiento por parte de las plataformas de estos requisitos de retirada podría desencadenar acciones coercitivas por parte de la Comisión Federal de Comercio en virtud de las normas sobre prácticas comerciales desleales o engañosas.
La Ley TAKE IT DOWN representa una poderosa respuesta federal a una forma generalizada y perjudicial de abuso digital, proporcionando recursos legales claros y medidas de aplicación estrictas destinadas a disuadir el intercambio no consentido de imágenes y el acoso digital en todo el país.
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Ser acusado en virtud de la Ley TAKE IT DOWN es un delito federal grave que puede acarrear consecuencias que alteren la vida, como penas de prisión, multas elevadas y daños duraderos a la reputación. Si usted o un ser querido está siendo investigado o se enfrentan a cargos relacionados con la distribución o amenaza de compartir imágenes íntimas no consentidas -ya sean auténticas o manipuladas digitalmente- es fundamental contar con un asesor jurídico experimentado a su lado.
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